EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) cancelar la licencia ambiental para el proyecto del Aeropuerto Internacional Bávaro (AIB), del Grupo ABRISA, aduciendo una serie de presuntas irregularidades y vicios en el proceso de aprobación y alegado incumplimiento de los requisitos legales.
En un recurso de reconsideración sometido ante el Mimarena, la CAE argumenta que la solicitud de aprobación presentada por ABRISA está incompleta y que la normativa establece que dicho ministerio “no recibirá expedientes incompletos”.
El escrito repasa una serie de alegadas violaciones a las normativas legales en todo el tránsito del AIB por las instancias oficiales y luego cae en un análisis a fondo de la licencia ambiental, fechada el 16 de julio, el mismo día en que la Comisión de Fomento Turístico (CONFOTUR) le acordó al proyecto exenciones fiscales totales por 15 años.
Fue preparado por los abogados de la CAE, Enrique de Marchena Kaluche, Luis Julio Jiménez y Nelson Jáquez Suárez y presentado el viernes a la nueva cabeza del Mimarena, Orlando Jorge Mera.
Curiosamente, los términos de referencia dados por el Mimarena a ABRISA para el estudio de impacto ambiental que requiere la licencia no fueron para un aeropuerto internacional sino para un proyecto turístico hotelero con una marina.
El recurso de reconsideración asegura que el estudio de impacto ambiental que sometió ABRISA para la licencia, “al margen de que ni siquiera cumple con los requisitos de unos términos de referencia laxos, que no son los adecuados para un proyecto de aeropuerto internacional, está plagado de vacíos y vicios de fondo que lo hacen, pura y simplemente, inservible”.
La CAE argumenta que la licencia, además de que incumple las normas mínimas dictadas en los propios reglamentos y procedimientos del Mimarena, no estuvo precedida de vistas públicas debidamente celebradas y publicitadas, sobre todo porque cuando supuestamente acontecieron el país estaba cerrado por la pandemia y las reuniones públicas, prohibidas.
El Reglamento del Proceso de Evaluación Ambiental de Mimarena, como parte de su Compendio de Reglamentos y Procedimientos para Autorizaciones Ambientales de la República Dominicana, actualizado al mes de septiembre de 2014, dispone en su artículo 37, que “para los proyectos categorías A y B, el promotor realizará, por lo menos, una vista pública en la zona de influencia del proyecto, que será de invitación abierta, publicada en un periódico de circulación local o por los medios de comunicación que resulten adecuados para la zona de estudio”.
En definitiva, afirma la CAE, “las supuestas vistas públicas en torno al proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, si es que realmente fueron celebradas, lejos de garantizar una participación efectiva, no fueron públicas ni democráticas, mucho menos transparentes y abiertas, circunstancias que Mimarena parece haber obviado o pasado por alto al momento de emitir la licencia ambiental”.
“En un proyecto de la categoría de un aeropuerto internacional, que tiene vocación de trasladar millones de pasajeros año tras año, el cumplimiento de los requisitos de publicidad, la celebración de vistas públicas y la participación efectiva de la ciudadanía, no solo es una regla administrativa, sino que es un requisito vital e indispensable”, se anota en el recurso de reconsideración.
De acuerdo al recurso, Mimarena aceptó como bueno y válido un estudio de impacto ambiental que fue ejecutado por una persona no autorizada o certificada.
“Al consultar la base de datos de Mimarena, actualizada al día 9 de junio de 2020, se verifica que COYDISA INSTALACIONES, S.R.L. no figura en el “Registro de Prestadores de Servicios Ambientales por Firmas”, ni el señor JOSÉ ARIZA DURÁN figura en el “Registro de Prestadores de Servicios Individuales”, indica la CAE.
Y agrega: “En este sentido, la Licencia Ambiental núm. 0385-20 dada por Mimarena, como acto administrativo que es, fue otorgada totalmente al margen de los requerimientos que la ley y sus propios reglamentos y resoluciones ordenan, lo que en caso de mantenerse o justificar sus acciones en argumentaciones vacías, desprovistas de toda prueba, daría una preocupante apariencia de corrupción administrativa.”
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